TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. NO SE GARANTIZA ESTE DERECHO AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, POR EL HECHO DE QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN, LE NOMBRE UN DEFENSOR POR NO TENER UN LICENCIADO EN DERECHO QUE LO REPRESENTE, SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LE DESIGNÓ A UNO OFICIOSAMENTE, POR LO QUE DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Si bien el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, una vez que admite a trámite el recurso de revisión y previene al quejoso para que designe licenciado en derecho para que lo asista, con el apercibimiento de que, si no lo hiciere, se le designaría un defensor de oficio; y, al no hacerlo, gira oficio a la Dirección de la Defensoría Pública correspondiente, a fin de que le designe un defensor para brindarle orientación y asesoría jurídica, lo cierto es que ello no tiene el impacto suficiente para convalidar todas las actuaciones previas desahogadas durante el juicio de amparo indirecto y así abordar el fondo del asunto, pues de hacerlo, se consumaría un daño irreparable a los derechos del quejoso, en específico, los relativos a ofrecer pruebas, mejorar los conceptos de violación, controvertir los informes justificados, y consultar los autos de manera presencial para definir una estrategia procesal. Tampoco garantiza el derecho del quejoso a una tutela jurisdiccional efectiva, que en el recurso de revisión opere a su favor la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que ésta únicamente procede en el momento de emitir las resoluciones sobre el fondo del asunto para subsanar la deficiencia o ausencia total de agravios o conceptos de violación, no así en otros aspectos como los apuntados, en los que invariablemente subsiste la necesidad de asistencia de un licenciado en derecho, en virtud de que este último orientará al quejoso acerca de qué actos reclamar, decidir si se amplía la demanda, desistir total o parcialmente de la acción, ejercer la actividad probatoria de aquél, controvertir los informes rendidos por las autoridades responsables, o hacer valer los recursos idóneos; de ahí que deba revocarse la sentencia recurrida y ordenarse la reposición del procedimiento.