Uno de los pilares sobre los que reposa la razón de ser del Estado es su pretensión de monopolizar el uso de la fuerza con la finalidad de asegurar la paz social, evitando la venganza privada y protegiendo a los ciudadanos frente a lo que sería la tiranía del poderoso frente al débil. El monopolio del uso de la fuerza convierte al Estado en el único legitimado para responder con “violencia” frente a la comisión de los delitos (Eduardo González, 2003).
Apuntes de Derecho Penal de Eduardo González PDF
La decisión de qué conductas merecen sanción debe ser asumida por el Organismo Legislativo, quien representa a los ciudadanos. Esta decisión debe plasmarse en una ley escrita, que defina con la máxima precisión cuáles conductas son prohibidas y determine la sanción aplicable por infringir esta prohibición. Así, la prohibición ha de ser previamente conocida por los ciudadanos, quienes sólo podrán ser sancionados si infringen las normas descritas en las leyes. Todo esto queda recogido en el principio de legalidad que fija cómo se han de establecer las prohibiciones penales (Eduardo González, 2003).
El poder sancionador implica la vulneración de derechos fundamentales de la persona, como la propiedad, la libertad y, en algunos casos, hasta la vida. Esta vulneración sólo se puede justificar como mal necesario para poder asegurar la paz social y los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos. De esta manera, el Estado sólo podrá sancionar cuando sea estrictamente necesario, tal y como postula el principio de intervención mínima (Eduardo González, 2003).
