PAGARÉ. PARA QUE TENGA EFICACIA CUANDO EL SUSCRIPTOR NO SABE O NO PUEDE ESCRIBIR, SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE UN TERCERO FIRME A SU RUEGO Y QUE DE ELLO DÉ FE UN CORREDOR

De los artículos 86, 170 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito deriva como requisito para la eficacia del pagaré, en el caso de que el suscriptor no sepa leer y escribir, que un tercero lo firme a su ruego y de esto dé fe un corredor, notario o funcionario público. Este requisito se justifica si se parte de que: 1) la firma representa la expresión de la voluntad del suscriptor; y, 2) el artículo 86 aludido prevé la hipótesis de las personas que no pueden o no saben escribir. Así, la intención del legislador fue proteger a un grupo de personas que se coloca en una situación de desventaja social –ya sea por su analfabetismo o porque no pueden escribir– y asegurar que el obligado (quien se encuentra imposibilitado) tenga conocimiento de lo realizado por su encargo en el título de crédito. En ese sentido, el legislador optó por la intervención de un fedatario público para que, en primer lugar, constate el pedimento de que está imposibilitado para que otra persona firme a su ruego y, en segundo, le informe del contenido del título de crédito, en aras de mitigar su desventaja social. Por tanto, es indispensable para su validez la presencia de un fedatario público al momento de la suscripción del pagaré, sin que sea óbice la circunstancia de que el suscriptor pueda firmar o plasmar su huella digital, ya que lo que se busca es protegerlo en términos del artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y evitar que se abuse de su condición, máxime cuando el fin pretendido con la firma es la aceptación del derecho literal consignado en el título, lo cual se logra cuando un fedatario público garantiza que el suscriptor tiene pleno conocimiento de la obligación contraída.
PRIMERA SALA