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Jurisprudencias Mexicanas

aun cuando el acto reclamado incida sobre los derechos de un niño, ello no constituye, por sí mismo, una excepción al principio de definitividad del juicio de amparo indirecto, sino que debe analizarse desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la norma procesal es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad.

Ahora bien, respecto del desechamiento de un incidente de solicitud de autorización judicial para que un menor pueda salir del país, es impugnable en revocación conforme a los artículos 431 a 433 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, empero como dicho recurso no prevé la suspensión, atendiendo al interés superior del niño, para el efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en materia civil, debe estimarse que se está ante una excepción al principio de definitividad, ya que dicho recurso, al carecer de efectos suspensivos, no es efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para alejar al niño de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre ante el riesgo de la consumación irreparable del acto reclamado, la urgencia y premura de salir del país, pues en dicho caso en particular se justifica el acceso al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación.

Jurisprudencias Mexicanas 2019

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Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) y 1a./J. 113/2013 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 990 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 350, registros digitales: 2004677 y 2005039, respectivamente.

Del análisis comparativo de los preceptos citados, así como de su exposición de motivos con los diversos 104, fracción III y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracciones I a X, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierten diferencias sustantivas en lo relativo a la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias emitidas por los tribunales de justicia administrativa local y federal, a saber.

En el Estado de Tabasco basta que la recurrente exprese que, a su juicio, el asunto es importante y trascendente para que proceda el medio de defensa, mientras que el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que debe razonar cuáles son los aspectos que le dan importancia y trascendencia conforme a los supuestos de procedencia previstos en dicho precepto. En consecuencia, al recurso de revisión previsto en la ley local no le corresponde un tratamiento similar al contenido en la federal, en cuanto a la justificación de la importancia y trascendencia del asunto que hace valer la autoridad al interponerlo, pues aquélla deja ese aspecto a consideración de la recurrente, sin fijarle ningún parámetro ni exigencia, en tanto que basta su simple juicio y razonamiento para dilucidarlo. Lo anterior no desconoce que cada caso concreto deberá ser examinado y permitir la evaluación y ponderación del presidente del órgano jurisdiccional local en cuanto a la procedencia del recurso, incluidas la importancia y trascendencia, pero sin desconocer que esas características quedan a criterio de la autoridad recurrente.

Una interpretación literal del artículo 86, segundo párrafo, de la Ley de Amparo

Conduce a la conclusión de estimar que la presentación del recurso de revisión por conducto de un órgano de amparo distinto del que conoció del juicio, sea fatal y provoque la consecuencia que deriva del propio texto en el sentido de que no interrumpe el plazo para su promoción; sin embargo, esta lectura rígida de la norma, en principio, puede ser contraria al derecho a una tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que el abanico de posibilidades de que un recurso de revisión se presente ante un órgano que no sea el tribunal que dictó la sentencia es amplio y puede dar lugar a casos en los que se vede el derecho a obtener una tutela efectiva, como puede ser cuando la parte recurrente dirija su escrito a dos órganos jurisdiccionales distintos, esto es, al que dictó la sentencia y a otro, lo que implica que uno de ellos resultaba el correcto, por lo que debe entenderse que esa ambigüedad respecto de a qué autoridad debía dirigirse el recurso de revisión no puede considerarse un argumento que conduzca a desechar el medio de impugnación por extemporáneo, por el contrario, el error en el lugar de presentación correcto del recurso no es sólo atribuible al recurrente, sino también al funcionario que recibió la promoción pese a ese señalamiento de dos órganos en un mismo ocurso; por tanto, la norma no debe interpretarse en un sentido restrictivo, sino en todo caso conforme a un criterio que favorezca la defensa de la persona, esto es, en el sentido de que el primer párrafo del artículo 86 invocado, que señala como lugar para presentar su pliego de agravios ante el órgano de amparo que dictó la sentencia impugnada, no debe ser a tal grado irrestricto que desconozca la circunstancia de que un ocurso sea dirigido a dos órganos jurisdiccionales distintos y se presente ante una autoridad incorrecta, no debe hacer nugatorio los derechos del recurrente, atento al principio de acceso a la justicia que protege el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, sostener lo contrario, conduciría a un rigorismo excesivo que dejaría en estado de indefensión al particular, si el recurso de revisión se interpuso en la forma y dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo, sólo que por la inadvertencia del funcionario que recibió la promoción no pudo el recurrente reparar ese error, el cual no debe pararle perjuicio.

Por tanto, aun considerando que la actora hubiera tenido la intención de renunciar voluntariamente a su empleo, y lo hubiere manifestado por escrito, lo cierto es que la continuidad de la prestación de los servicios pone de manifiesto que, en todo caso, desistió de su anterior propósito y que continuó trabajando, hecho que debe interpretarse atendiendo a la conducta plasmada por la empleada en el sentido de que su verdadera intención es seguir prestando sus servicios al patrón y dejar sin efecto la renuncia anunciada, circunstancia sobre la que existió anuencia tácita por parte del patrón, pues en caso de estar en desacuerdo hubiera requerido de inmediato la entrega de las herramientas de trabajo.

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, todas las autoridades que obtengan una sentencia desfavorable a sus intereses en el juicio contencioso administrativo federal, independientemente del órgano o nivel de gobierno al que correspondan, deben interponer el recurso de revisión fiscal por medio de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, porque ésta ostenta su representación legal y cuenta con los elementos humanos y materiales necesarios para asegurar que esa labor sea eficaz y adecuada. Por su parte, el artículo 5o., cuarto párrafo, del ordenamiento citado prevé que la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y, en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Bajo una resolución de abstención de investigar, el archivo temporal, un criterio de oportunidad o mediante una resolución de no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 258 del código invocado, pero cuando la investigación se judicializa y tiene lugar la audiencia inicial, no sólo se abre la etapa de investigación complementaria, sino también, el proceso, por lo que la jurisdicción para decidir si se pone fin a la investigación ya no recae en el Ministerio Público, sino en el Juez de control. En consecuencia, el sobreseimiento en la causa penal sólo puede decretarse por el Juez y en etapa de proceso, lo cual, indudablemente, está descartado en la investigación inicial, pues en ésta la declaratoria, ante la aparición de una causa de sobreseimiento, la hace el Ministerio Público mediante alguno de los supuestos que le permite la ley, ya referidos.

De acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión no se limitan a los preservantes o excepcionalmente restitutorios, sino que lo trascendente es mantener las cosas en el estado que guarden y, de ser material y jurídicamente posible, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal, al ser la protección de los derechos humanos y sus garantías el eje del juicio constitucional. Luego, si en el amparo promovido contra la omisión de ratificación como Juez de primera instancia «provisional» por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua –en virtud de existir una convocatoria para el nombramiento de nuevos Jueces «titulares»–, para el otorgamiento de la suspensión, el quejoso anexó a la demanda su nombramiento y/o designación y manifestó que se actualizó su ratificación tácita, porque transcurrió en exceso el plazo legal para ello, procede conceder la medida cautelar para evitar que sea separado de su cargo, pues al acreditarse que efectivamente lo desempeña, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.

Tesis: 1a. XCV/2019 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2021018 1 de 1 Primera Sala Publicación: viernes 08 de noviembre de 2019 10:19 h Tesis Aislada (Penal) Ocultar datos de localización VIOLACIÓN EQUIPARADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

El artículo citado prevé que la violación equiparada alcanza el carácter de ilícito penal, aun en ausencia de la violencia como medio comisivo, cuando el sujeto activo realiza cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; esto es, cuando el agresor aprovecha la situación de indefensión o vulnerabilidad específica de la víctima, lo que abarcaría también aquellas circunstancias que hacen inexigible una oposición manifiesta y contundente a la realización de la cópula, dada la presencia de relaciones o entornos que funcionan como suficiente y razonablemente coactivos o intimidatorios. Así, el delito de violación equiparada, previsto en el artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, permite que la legislación sustantiva penal y sus sucesivas interpretaciones atiendan aquellas situaciones en que la violencia, sea física o moral, no sea el instrumento necesario para someter a la víctima y lograr imponerle la cópula, pues ésta se encuentra en estado de indefensión derivado de condiciones permanentes o circunstanciales, ya sea atribuibles a la persona de la víctima o al contexto y situación en que desarrolla y consuma el hacer delictivo del agresor: condición de discapacidad, física o intelectual, permanente o transitoria; inconsciencia o estados asimilables –sean inducidos o voluntarios– de la víctima, o bien la presencia de relaciones de franca dominación o entornos coercitivos (que están definidos por la presencia de relaciones asimétricas de poder de tal entidad que configuran dominación –transitoria o permanente– y que hacen inexigible una oposición manifiesta a la imposición de la cópula, dada la posibilidad –objetivamente evaluable, pero subjetivamente considerada– de padecer un daño o grave perjuicio en la integridad personal de la víctima o de las personas a las que está ligada por vínculos de amor o protección), entre otras circunstancias, situaciones o contextos que impiden la oposición manifiesta o la comprensión por parte de la víctima.

conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.

estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva.

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